Santa María de Lebeña. Liébana.

Acaban de publicarse los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017. En ellos la política de vivienda cuenta con 474 millones de euros, 113 millones menos que en 2016, presupuesto en el que se destinaron 587.

En el presupuesto la denominada coloquialmente política de vivienda se materializa en tres programas:

1. Programa 261N. Promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda, con una dotación de 453.069.890 €.
2. Programa 261O. Ordenación y fomento de la edificación, con una dotación de 19.757.870 €.
3. Programa 261P. Urbanismo y política de suelo, con una dotación de 1.414.270 €.

Según mis cálculos ha existido un ligero aumento (7 millones de euros) en el presupuesto aprobado respecto al remitido por el gobierno, como se puede apreciar en el cuadro III.2.1 del libro amarillo (páginas 66 y 103) del proyecto, en el que se dice que la política de vivienda cuenta en 2017 con 466/7 millones. 

Dentro del programa de promoción, administración y ayudas para rehabilitación y acceso a la vivienda destaca, por un lado, la partida destinada a financiar las subvenciones a las Comunidades Autónomas para la aplicación de los Planes de Vivienda (328.301.100 €) y, por otro, la partida destina a financiar transferencias a familias e instituciones sin ánimo de lucro (102.100.000 €).

Si comparamos estos importes con los presupuestos precedentes nos encontramos con lo siguiente (en millones de euros):

Veamos el número de los beneficiarios a los que llegarán estos fondos.

Sobre esta cuestión en el presupuesto 2015.

Sobre esta cuestión en el presupuesto 2016.

Profundizando un poco más, lo importante es conocer en qué se materializan estas cifras.

La parte mas importante (328 millones) se destina a financiar las subvenciones para la aplicación de los Planes de Vivienda. Estos créditos tienen por objeto transferir fondos a las Comunidades Autónomas para la gestión del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

Este plan se ha prorrogado durante 2017 (sobre esta cuestión puede consultarse la entrada «Prórroga del Plan del Alquiler y la Rehabilitación 2013/2016«). No obstante, la transferencia de fondos a las Comunidades Autónomas en virtud de esta prórroga exige la firma de convenios bilaterales entre el Estado y la Comunidades Autónomas, mientras no se formalicen estos convenios no existirá mecanismo jurídico que habilite la transferencia de fondos. Tan es así que la semana pasada la Comunidad Autónoma de Castilla León urgió al Estado a la firma del convenio bilateral.

Recordemos que la competencia para la concesión de las subvenciones corresponde en exclusiva a las Comunidades Autónomas, contribuyendo la Administración del Estado a su financiación a través de transferencias a las propias Comunidades Autónomas.

La parte destinada a ayudas a familias (102 millones de euros) financia los restos que quedan de la Ayuda Estatal Directa a la Entrada, de la subsdiación de préstamos convenidos y de la Renta Básica de Emancipación. Todas estas líneas de subvención se han suprimido en años anteriores, abonándose solo los derechos adquiridos.

Ahora bien, la inversión pública en vivienda no solo se produce a través de la concesión de subvenciones con cargo al presupuesto del Ministerio de Fomento sino que también debe tenerse en cuenta los beneficios fiscales que en esta materia se establecen anualmente.

Dentro de los beneficios fiscales destacan, en lo que afecta a la vivienda, la deducción en la cuota del IRPF por inversión en vivienda habitual (beneficio que se suprimió para nuevos inversores a partir del 1 de enero de 2013) y por alquiler de vivienda habitual (beneficio que se ha suprimido para los contratos de alquiler que se han formalizado a partir del 1 de enero de 2015).

Estos son los datos, que cada uno saque sus conclusiones.