Vivienda

Mi vivienda es ilegal.

No es un caso aislado. Medio millón de viviendas en España se encuentran en esta situación por diferentes motivos, no siempre entendibles para el común de los mortales. El caso es que este problema ha traspasado fronteras y ha provocado la ira europea que ya en el año 2009, propinó un sonoro tirón de orejas a España, para que modificase su política urbanística.

Y es que desde el exterior ha debido chocar, que en la última década después de la ropa de Zara, el principal producto de la marca España haya sido “la vivienda” realizada al amparo de una fiebre urbanizadora sin igual, que ha llevado a construir millones de viviendas sin demanda previa y con muy pocas garantías para el consumidor final, el comprador.

El parlamento europeo dio un aviso a España sobre la inseguridad jurídica que se estaba viviendo, y sobre las consecuencias que ese proceso iba a tener en la costa española y el medio ambiente.

El resultado de este disparate es que dos millones de viviendas están vacías o a la venta, que la costa española ha destruido un alto porcentaje de su hábitat natural y se ha tenido que socorrer a la banca y liberarla de su inmovilizado inmobiliario.

Los innumerables casos de corrupción nos muestran una radiografía de lo que ha sido este proceso desde dentro. Créditos concedidos sobre suelos rústicos con “expectativas de reclasificación” sin apenas garantías y con valoraciones absolutamente desproporcionadas, reclasificaciones de suelos de dudosa legalidad, comisiones realizadas de promotores a partidos políticos.

Aunque sólo se apunte hacia los políticos, en este proceso ha habido múltiples colaboradores: bancos, tasadores, funcionarios, promotores, propietarios de suelo, o simplemente compradores de viviendas que han pagado parte de sus viviendas en “B”. Casi toda la sociedad ha participado en mayor o menor medida en este desaguisado aunque hoy esté de moda rasgarse las vestiduras hablando de la casta política.

El entorno jurídico en que se ha desenvuelto el proceso tampoco se salva, y sobre él, el Parlamento europeo ha sido especialmente crítico. En España hay un alto grado de inseguridad jurídica. Y es absolutamente cierto. La hay. Y en el mundo del urbanismo todavía más.

La legislación urbanística es de lejos la más modificada de todas, con la disculpa de buscar la reducción del precio de la vivienda. Una disculpa que ha resultado absurda ya que al final quien ha rebajado el precio no ha sido la ley sino el mercado. Los cambios en dichas leyes han tenido generalmente carácter anual. Lo que hoy era legal mañana igual es una aberración y al contrario. La maraña legislativa es de tal calibre que ni los técnicos especialistas se aclaran en cómo se aplican. Y por si la situación fuera poco complicada, cada Comunidad Autónoma ha hecho lo propio provocando un verdadero caos jurídico.

Como guinda del pastel, hace ya mucho tiempo que el poder judicial se ha erigido en urbanista de facto, interviniendo activamente en los procesos urbanísticos. Las sentencias contradictorias son habituales y no han hecho sino aumentar la inseguridad jurídica.

Cinco años después de que el parlamento europeo se pronunciase, algo ha cambiado y no ha sido gracias a la movilización política, ni judicial ni ciudadana. La crisis económica ha frenado en seco la fiebre urbanizadora obligando a construir de manera más controlada y con mayores garantías. Sin embargo, se echa de menos una reflexión común sobre lo sucedido para evitar errores futuros. Se ha buscado un culpable al que se dispara a discreción, seguramente porque es lo más fácil. No se ha escuchado ninguna propuesta ni de partidos políticos ni de asociaciones civiles para liderar un cambio en la legislación que maneje procedimientos sencillos y transparentes donde prime el interés común y la defensa de los derechos de los ciudadanos, como dice el parlamento europeo.

Una pena. Era una ocasión única para replantear los desarrollos urbanísticos sentando los cimientos para un nuevo diseño urbano del que se sientan orgullosas las generaciones futuras. Sólo asistimos a pequeños parches de las legislaciones redactadas para momentos de booms económicos y alejados de la realidad.

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