Plan de Vivienda

Primeras notas sobre el futuro Plan de Vivienda 2018/2021.

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Museo Arte Moderno y Contemporáneo de Santander (MAS).

¿Cuáles son las orientaciones del Plan de Vivienda 2018/2021?

Para el ejercicio 2017 el Gobierno ha prorrogado el plan 2013-2016 por lo que las medidas que ahora comento y que se incluirán en el futuro Plan de Vivienda 2018-2021 entrarán en vigor, si no existen cambios en la programación legislativa, en enero de 2018.

Sobre la prórroga del Plan Estatal de Fomento del Alquiler y la Rehabilitación puede consultarse la entrada “Prórroga del Plan del Alquiler y la Rehabilitación 2013/2016“.

De las declaraciones públicas de los asistentes a la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada en Madrid el 15 de diciembre podemos extraer algunos de las aspectos novedosos del futuro plan de vivienda.

 La novedad más relevante consistirá en la introducción de una nueva línea de ayudas al alquiler para afectados por desahucios y para los colectivos sociales más vulnerable.

Esta línea de ayudas se sustentará en tres principios básicos:

♦  La creación de un fondo social de viviendas formado por pisos vacíos que aporten sus propietarios. De acuerdo a lo publicado dentro de los propietarios se incluirán los bancos.

Seguro que a algún lector le estará sonando el término “fondo social de viviendas”. Efectivamente, en la actualidad existe un fondo con este mismo nombre que surgió con el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, y que está formado por viviendas, propiedad de las entidades de crédito, que se arriendan a personas que han perdido su vivienda habitual. Estas viviendas se ofrecen en un alquiler cuya renta oscila entre 150 € y 400 € mensuales, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.

Para todo aquél que quiera más información sobre este fondo puede consultar la web www.fondosocialdeviviendas.es.

♦  Una ayuda pública, entre 150 y 400 euros al mes, a los beneficiarios para que paguen su alquiler. El Ministerio de Fomento aportará el 80% y las Comunidades Autónomas el otro 20%.

Curiosamente este importe coincide con el precio del alquiler de las viviendas que forman actualmente el fondo social de viviendas. ¿Supondrá esto que se financiará la totalidad de la renta? No lo sé.  En caso de que así sea, dado que, como veremos luego, la ayuda no se pagará a los arrendatarios sino a los propietarios de las viviendas, ¿No sería más interesante utilizar esta ayuda para evitar que los futuros beneficiarios pierdan su vivienda? Esto supondría enfocar el problema desde otra perspectiva, esto es, ayudar a los propietarios con problemas para que no pierdan su vivienda, en lugar de ayudarles una vez que ya la han perdido. Desde luego este no ha sido el enfoque en los últimos años, como evidencia, por ejemplo, la supresión que se realizó de la subsidiación de los préstamos convenidos.

En cualquier caso, el dato relevante y que no ha trascendido es cuál será el precio máximo de estos alquileres. Si no se establecen límites a la renta esta ayuda provocará el incremento del precio de los alquileres. Volveremos a cometer los mismos errores del pasado.

Sobre esta cuestión puede consultarse la entrada “Posibles efectos indeseados del plan de vivienda: el incremento en el precio de los alquileres“.

♦  La ayuda se pagará a los propietarios de las viviendas, no a los inquilinos.

Una consideración fiscal al respecto ¿Quién será el beneficiario de la subvención: el propietario o el inquilino? Parece que el enfoque es que lo sea el inquilino con lo que las obligaciones tributarias nacerán para él.

Al respecto sugiero que, dado que el objetivo es asegurar al propietario el cobro del alquiler, se articule algún sistema de concesión que permita considerar al propietario como beneficiario de la ayuda. Por ejemplo, que se establezca un precio de renta igual al que correspondiese menos el importe de la ayuda, siendo ésta percibida por el propietario en concepto de beneficiario. A esto habría de añadirse un limitación en el precio máximo de los alquileres como argumenté antes para evitar una inflación de precios.

En caso de que no se considere esta primera propuesta, siempre es posible que el legislador estatal considere a esta ayuda como exenta. Solo tenemos que recordar que tal exención se realizó para las ayudas a la reantenización después del último cambio en la TDT. Parece que en este caso concurrirían mayores razones de justicia social.

El hecho de que las ayudas se paguen a los propietarios parece tener como objetivo que éstos ganen confianza respecto al cobro de la renta, favoreciéndose de esta manera que aporten sus viviendas al fondo social. Hasta aquí todo bien, pero pudiera parecer que es otra ayuda a la banca; seguro que soy mal pensado.

—  Se mantendrán las ayudas al alquiler hasta ahora existentes, con una modificación de gran importancia que facilitará la gestión: se permitirá que el pago no sea mensual.

Cantabria propuso que estas ayudas se concediesen a través de un proceso de concurrencia no competitiva. Este sistema supone conceder las subvenciones según se van solicitando, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, sin establecer una competencia entre los solicitantes, lo que facilitaría notablemente la gestión y pago de las subvenciones.

—  Respecto a las ayudas para rehabilitar viviendas se introducirán algunas modificaciones:

♦  Se modificará la antigüedad necesaria de los edificios para acogerse a la ayuda a la rehabilitación edificatoria, ahora limitada a los edificios construidos antes de 1981.

♦  Se admitirá que las ayudas sean solicitadas por pisos y viviendas unifamiliares y no solo comunidades de vecinos. En el plan actualmente vigente el edificio debe contar con un mínimo de 8 viviendas salvo casos excepcionales.

♦  Se aumentarán las ayudas para personas con movilidad reducida o mayores de 65 años, llegando al 75% del coste de la obra. En la actualidad, en la ayuda a la rehabilitación edificatoria el porcentaje de financiación es del 35% con carácter general y del 50% para las actuaciones calificadas como accesibilidad.

♦  Se aumentarán los plazos para las actuaciones de regeneración urbana que han sido promovidas de acuerdo al plan 2013/2016 y que todavía no han finalizado. Estas actuaciones son aquellas que tienen como objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas, de urbanización o reurbanización de espacios públicos y, en su caso, de edificación en sustitución de edificios demolidos, dentro de ámbitos de actuación previamente delimitados.

Una buena noticia para los vecinos del Cabildo de Arriba en Santander.

Además de todos estos aspectos novedosos hubo otra cuestión que centró la intervención de algunos representantes de Comunidades Autónomas: la recuperación de la subsidiación de los préstamos convenidos. Así lo hicieron los representantes de Andalucía, Asturias, Castilla la Mancha y Valencia. De momento no ha trascendido la posición del Ministerio.

Sobre la cuestión de la supresión de la subsidiación de los préstamos convenidos pueden consultarse las entrada La constitucionalidad de la supresión de la subsidiación de los préstamos convenidos”.

 

Categorías:Plan de Vivienda

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